Cicuta|| Por Jaime Flores Martínez

Agobiados por las pérdidas derivadas de la Pandemia, al menos el 65 por ciento de los medianos y pequeños negocios decidieron cerrar definitivamente sus puertas.
Y es que la mayoría de ellos deben pagar el salario y prestaciones de sus empleados, además de la renta y los servicios del lugar.
Como si esto no fuera suficiente, los impuestos al gobierno son imperdonables y más grave resulta que algunos están amenazados por delincuentes que exigen “derecho de piso”.
Durante la semana que concluye las redes sociales divulgaron un video titulado el Socio, que ilustra a la perfección el papel del gobierno en el negocio de cualquier mexicano.
Inicia con las responsabilidades que debe asumir una de las partes que —primero— debe definir el giro del negocio, seleccionar y contratar el personal necesario, además del sitio, los insumos y el personal encargado de llevar la contabilidad.
Luego saber que tendrá el 70 por ciento de las acciones y aceptar que su socio se llevará el 30 por ciento a cambio de “garantizar la seguridad”.
Bueno, en verdad no puede garantizarlo y por ella deberá contratar seguridad privada.
Debe saber que el 10 por ciento del dinero obtenido (IVA) debe ser entregado en tiempo y forma pues de otra manera enfrentará acciones legales.
El empresario debe enfrentar solamente él las pérdidas, pues el otro socio cobrará de cualquier forma.
Al final del mencionado video se refiere a que es el gobierno el socio abusivo y precisó que “aunque no se quiera” será el socio dos.
En este recuento nunca se refieren al fenómeno de la extorsión a que son sometidos un número importante de comerciantes y prestadores de servicios, conocido como “derecho de piso”.
No es posible que los emprendedores sean exprimidos por los delincuentes y agobiados por un socio indeseable, es decir, por el gobierno que cobra por hacer nada.
SAT
Para “Acabarla de fregar” a mediados de semana se informó que a partir del próximo año el Sistema de Administración Tributaria (SAT) considerará delincuentes a quien reporte menos ingresos de la cantidad que gasta.
Podrían ser hasta 6 años de cárcel a quien intente engañar al fisco.
Un pequeño comerciante que entrega su vida al trabajo puede ser encarcelado, mientras que los malhechores dedicados al “cobro de piso” se orinan de la risa.
Díscola
Menos mal que la diputada local de MORENA Monserrat Caballero Ramírez “no juzga” a la alcaldesa de Rosarito Araceli Brown Figueredo quien en la semana departió en la oficina de Presidencia con músicos y bebidas embriagantes.
Monserrat no juzga, pero pide que la fiestera “responda”.
A finales de la semana pasada se divulgó un video que salió de la propia cuenta de la alcaldesa donde se observa a un grupo de músicos que entonan una canción que —por si sola— emborracha.
La diputada Monserrat Caballero señala que “no juzga”, pero que la alcaldesa Brown debe responder.
Quizá la intención de fondo era que le respondiera ¡por qué no la invitó al jolgorio!
Mira que chupasola.
Positivo
Qué bueno que la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana se preocupe por el bienestar de las personas con alguna discapacidad.
El actual gobierno invertirá más de 5 millones de pesos en un Centro de Negocios y Empleo para personas con Discapacidad.
Muchas (si no todas) tienen la capacidad para desarrollar muchísimas labores aunque las oportunidades son, hasta ahora muy pocas.
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